Prologo de Miguel Candel

Entradas, Otras firmas

EL-valor-real-del-voto_mini

El lector tiene ante sí lo que seguramente constituye el análisis crítico más pormenorizado del sistema electoral vigente hoy en España. Análisis que va seguido de una interesantísima propuesta de reforma que sin duda redundaría en una mucho mayor justicia del sistema, como consecuencia de una perfecta igualación de los grados de representatividad de los miembros del cuerpo legislativo

En efecto, El valor real del voto, de Vicente Serrano, no se queda, como es habitual cuando los partidos políticos minoritarios (de ámbito estatal[1]) denuncian el perjuicio que dicho sistema les causa, en generalidades como la de que el número de votos necesarios para obtener escaño por Madrid o Barcelona, por ejemplo, es muchísimo mayor que el necesario para obtenerlo en Soria o Teruel, pongamos por caso. Vicente Serrano distingue en su análisis varios parámetros:

1)   Coste medio por escaño (el más genérico y casi único parámetro que en las críticas habituales suele tenerse en cuenta, y que el autor detalla con minuciosidad al distinguir entre media ―total general de votos dividido por escaños― en el nivel estatal, el autonómico y el provincial, diferentes, obviamente, entre sí, y que da la medida del diferente grado de representación que tienen los ciudadanos españoles según el territorio en el que viven. Detalla asimismo el coste medio en esos niveles para los diferentes partidos. De este último se deriva el siguiente parámetro:

2)   Relación entre porcentaje de votos obtenidos y porcentaje de representación alcanzado.

3)   Índice de poder de voto (IPV), que mide el grado de influencia que cada elector ejerce con su voto habida cuenta de los parámetros anteriores. Tienen la ventaja de que permite individualizar (casi diríamos “personalizar”) la discriminación padecida por unos electores respecto de otros, más allá de la generalidad de las grandes cifras. Se puede calcular sobre el número de votos emitidos, en cuyo caso tenemos el IPV propiamente dicho, o sobre el total de votos posibles (censo). Para que dicho poder estuviera equilibrado el índice bebería ser 1.

4)   Número de votantes sin representación: el total de electores cuyo voto no se traduce en escaño o, lo que es lo mismo, el conjunto de ciudadanos cuyo IPV es igual a 0.

Después de presentados estos parámetros, el autor describe las características del sistema electoral español, regido por determinados artículos de la Constitución y por la correspondiente ley orgánica (LOREG). Los elementos de dicho sistema que reducen significativamente la equidad en la representación son, de mayor a menor influencia: a) la asignación de un mínimo de dos escaños por circunscripción independientemente del tamaño de éstas, equivalentes (en virtud del artículo 68.2 de la Constitución) a las vigentes provincias, con sus clamorosas diferencias demográficas; 2) el requisito de un porcentaje mínimo del 3% de los votos (en la elecciones generales; en algunas autonómicas, como las de Madrid, sube al 5%); 3) la ley de D’Hondt en el reparto de los restos.

Pasa inmediatamente el autor a mostrar los desequilibrios en la representación que todo ello genera. Así, por ejemplo, se comprueba que el 50% del electorado tiene un índice de poder electoral por censo de 0,80, lo que se traduce en que cada diputado elegido por dicho conjunto “cuesta” en promedio 129.369 votos. Un 23,3% se encuentra en el justo medio, con un poder de voto de 1 y un coste medio de votos por diputado de 103.783 (que es la media nacional de votos por diputado). Por último, una privilegiada cuarta parte de los electores (el 26%) disfruta de un poder de voto del 1,37, correspondiente a un coste medio por diputado de sólo 76.243 votos.

En cuanto a las generales, el total de votantes españoles que se quedaron sin representación en las elecciones del 20-12-2015 alcanzó la escandalosa cifra de 2.587.506 personas, un 10,30% del total.

Son muchos los gráficos y estadísticas con que el autor ilustra todo esto, llevando su análisis a los más ínfimos detalles.

Los desequilibrios analizados se cifran en un único concepto: escasa proporcionalidad en el grado de representación, tanto por territorios como por partidos. Respecto a esto último, puede servir de muestra el ejemplo de las últimas autonómicas madrileñas. En ellas, el PP, con un porcentaje de voto del 33,08%, obtuvo el 37,21% de diputados (cuatro puntos más); el PSOE, con un 25,43% de voto, un 28,68% de representantes (tres puntos más); Podemos, 18,64 y 20,93, respectivamente (dos puntos más); Ciudadanos, 12,15 y 13,18 (un punto más). La desproporción es obvia; pero no menos lo es cómo se trata de una desproporción creciente con el número total de votos obtenidos. Lo más grave, de todos modos, no es eso, sino que cuatro formaciones políticas con decenas de miles de votos se quedaron sin representación alguna. ¿Explicación? El requisito de un mínimo de votos del 5%. Sin este último requisito, y aun aplicando el sistema D’Hondt, la desproporción entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños prácticamente desaparece y las cuatro formaciones mencionadas obtienen representación.

El autor, después de aclarar algunos equívocos frecuentes sobre las presuntas ventajas de las listas abiertas, que no considera ninguna panacea, y las menos discutibles bondades de las listas no bloqueadas (que permiten el voto diferenciado a los candidatos de una lista cerrada), pasa revista a diversos sistemas electorales extranjeros, de los que el que sale mejor parado es el de los Países Bajos, pues garantiza una casi perfecta correspondencia entre los porcentajes de votos y los de escaños, y el índice de poder de voto apenas oscila en torno a 1, mientras que el porcentaje de votantes que queda sin representación no llega al 1%.

Por último se pasa revista a las diferentes propuestas de reforma de la ley electoral española presentadas hasta ahora por los partidos políticos, que oscilan entre los mínimos cambios propuestos por el PP y los mucho más avanzados de IU y UPyD.

Después de la parte crítica viene la parte propositiva, en la que el autor presenta sistemas diferenciados para las elecciones generales al congreso, a los parlamentos de las comunidades autónomas y al senado. Pero el común denominador propuesto para todas ellas consistiría en un sistema electoral de reparto proporcional en circunscripción única, sin porcentajes mínimos, con ulterior desglose por provincias, en las que deberán los partidos presentar sus listas, cerradas pero desbloqueadas.

No corresponde a esta breve presentación entrar en los detalles de la propuesta. Pero sí señalar dos cosas fundamentales: 1ª) Que el sistema propuesto garantiza el logro de óptimos de respeto a la voluntad popular en los cuatro parámetros arriba esbozados, al menos en lo que respecta a las elecciones generales al congreso y a las elecciones autonómicas. 2ª) Que se separa claramente el respeto de la voluntad popular en cuanto a la conformación del poder legislativo (máxima proporcionalidad) de la necesidad de contar con un poder ejecutivo estable, respaldado por mayorías suficientes.

El último punto lo aborda el autor proponiendo, en caso de que posibles acuerdos parlamentarios no lograran, en dos plazos sucesivos, conformar una mayoría de gobierno, la realización de una nueva votación general para elegir directamente presidente de gobierno (con su correspondiente equipo ministerial) entre las dos listas más votadas en las recientes legislativas. Aquí, obviamente, el sistema proporcional daría paso al estrictamente mayoritario.

Sistema, pues, flexible, considerablemente más transparente que el actual (también en cuanto al senado, para el que la propuesta, sin embargo, no puede resultar tan simple si no se procede a una drástica reforma de dicha cámara) y, sobre todo, totalmente respetuoso de la voluntad popular sin discriminación territorial. Harían bien en tenerlo en cuenta los beneficiarios del actual sistema, que parece basado en la máxima evangélica “al que tiene mucho se le dará más y al que tiene poco se le quitará lo poco que tiene”. Y harían bien porque un cambio importante en las tendencias de voto (fenómeno del que hay ya claros síntomas) se volvería en contra de los que hoy se benefician de la desigualdad existente, pasando a estar ellos en el lado desfavorecido. Por seguir con las referencias evangélicas, “quien a hierro mata a hierro muere”…

Bastaría un poco de voluntad política de los principales partidos para que un sistema de estas características se hiciera realidad. En efecto, no entraña un cambio revolucionario desde el punto de vista técnico (aunque podría suponer cambios revolucionarios desde el punto de vista político, debido al estancamiento de la relación de fuerzas predominante durante cerca de 40 años, que sólo ahora empieza a dar síntomas de inestabilidad y al que un sistema electoral como el aquí propuesto daría seguramente el golpe de gracia). Un cambio revolucionario desde el punto de vista técnico sí lo supondría, por ejemplo, la introducción de elementos aleatorios (sorteo) en ciertas instancias y niveles del sistema; por ejemplo, a la hora de designar las mesas de las diferentes cámaras o de deshacer “empates” en el proceso de designación de alcalde entre fuerzas o coaliciones con igual número de concejales. Ya el moderado y “conservador” Aristóteles consideraba, en su influyente tratado Política, que la designación de ciertos cargos por sorteo era más democrática, pues impedía a los poderosos condicionar a los electores con amenazas o sobornos. También sería un sistema que evitaría las disputas por el orden de colocación de los candidatos en las listas de partidos y coaliciones, restando de paso eficacia al miserable chantaje de los “jefes” de partido: “El que se mueve no sale en la foto”.

En cualquier caso, una reforma como la que aquí se propone sería mucho. Demasiado, sin duda, para aquellos que tienen una concepción puramente instrumental de la democracia: buena si me sirve, mala si no me sirve para hacer valer mis intereses particulares al margen, o incluso en contra, del interés común

No es ciertamente el sistema electoral la panacea capaz de garantizar, por sí sola, que exista un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. El reparto equitativo del poder de voto, si no va acompañado de similar reparto del poder social, no garantiza una democracia real como expresión de una sociedad justa, libre e igualitaria. Pero sólo un sistema electoral que no resulte discriminatorio como el actual puede permitir que las mayorías sociales se traduzcan en mayorías políticas de forma pacífica. Ojalá los “navegantes” en el mar (últimamente tan proceloso) de la política española escuchen el aviso que este elaborado texto les (nos) lanza.

Miguel Candel

Doctor en Filosofía

[1] Sabido es, en cambio, que los de ámbito autonómico, al tener su voto concentrado territorialmente y evitar así la dispersión en distintas circunscripciones, resultan menos perjudicados, cuando no favorecidos, por el mismo sistema.

2 comments

  • De este autor, ya he leído varios artículos de prensa a cada cual mejor. Cada apartado que analiza del voto, los datos son precisos, coherentes, lógicos etc. etc.
    Mi enhorabuena al autor y animarle a que siga escribiendo.

  • Que me perdone el autor pero su interés por mejorar el sistema electoral español es una perdida de tiempo . Pretender dar por bueno y con posibilidades de reformar este Estado putrefacto neo franquista es cuando poco poner barreras al mar. Tanto nos gusta este bodrio de Estado ? tanto interés tenemos en el que hasta parece que nos nubla la visión de la realidad . Recomiendo leer el enlace incluido para refrescar memorias de lo que fue aquella transición y de lo que siguen siendo sus valores, contaminados del franquismo que nunca han cambiado, y están enquistados fácticamente en todos sus poderes. http://beniezuma.blogspot.com.br/2014/10/el-gran-engano-de-lamodelica-transicion.html

Deja un comentario